A pesar de que la libertad de expresión es un derecho fundamental, también existen límites razonables para proteger otros derechos y bienes jurídicos, como la protección de la reputación, la seguridad nacional o la prevención de la incitación al odio. La ley debe imponer estas restricciones, que son necesarias en una sociedad democrática y proporcionales al objetivo perseguido.
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